Escribe José A. Valenzuela Fernández
23/06/2012
Con
todo el clima de crispación social generado por la llamada “Masacre
de Curuguaty”, -hace una semana-, no era el momento de iniciar un
juicio político al presidente Lugo. En artículos anteriores
advertíamos que grupos político-criminales de extrema “izquierda”
podrían aprovechar el momento y generar más inestabilidad socio-política. Y por
otra parte, sosteníamos que también grupos de extrema derecha, en varios exponentes de la politiquería, (entre éstos
los conocidos sabaneros parlamentarios), encontraron la excusa
perfecta para ir sepultando la intención del desbloqueo de listas
electorales. Notemos como los primeros en pronunciarse a favor de
enjuiciar al presidente, fueron los mismos que semanas atrás eran
duramente cuestionados por la ciudadanía, en referencia a que no
representan los intereses del pueblo.
| El legal y legítimo presidente de la república del Paraguay para el periodo 2008-2013. Foto de www.presidencia.gov.py |
En
tal sentido, es justo señalar que Lugo era y es, más legal y legítimo que muchos de los
diputados y senadores. Recordemos que más de 1.700.000 personas
votaron en las elecciones generales del 20 de abril de 2008, en la
que resultó electo presidente de la República del Paraguay, para el
periodo 2008-2013, Fernando Armindo Lugo Méndez. Cerca de 800.000
electores consensuaron la voluntad de todo un pueblo para nombrarlo
su genuino representante en el poder ejecutivo. Y la contracara está
en los electos en el parlamento con un régimen de listas bloqueadas,
que si bien se ajustan a la norma constitucional y electoral, no
representan genuinamente al pueblo, porque éste no tuvo la
ocasión de elegirlos de la manera como sí
ocurrió con el actual ex-presidente del país.
En
consecuencia, cabe preguntarnos: ¿Qué derecho tiene un grupo de
parlamentarios -de dudosa legitimidad- decidir sobre el legal y
legítimo representante del poder ejecutivo? Ninguno. Los
diputados y senadores no tienen ese derecho. El sentido mentado de la acción de la “Masacre
de Curuguaty”, fue ese "juicio político"! y los sátrapas del
congreso nacional, en mi opinión, se prestaron gentiles, no tanto
adrede, sino por el irracional criterio político (en este caso,
cretinismo politiquero) que caracteriza a varios exponentes que nos
“representan”. Los impulsores del juicio político, no vieron ni
ven más allá de sus narices, no están para defender los intereses
de la nación. Es probable que mañana o pasado mañana, la gente olvide este atropello y menoscabo a las instituciones democráticas, pero nuestra seriedad, como país, sigue tan mal y peor. ¿Cuántos en la comunidad internacional, reconocerán al presidente de facto del Paraguay, Federico Franco?
Escuché
el escueto libelo acusatorio -mamarracho politiquero- de los
“fiscales” parlamentarios contra el legítimo presidente... y todo el que
lo haya hecho, sin necesidad de ser un abogado, sabe que los
“argumentos” esgrimidos rayan lo absurdo, carecen de congruencia.
Asimismo, se ha violado con premeditación,
el debido proceso. El derecho constitucional a la defensa, le fue
negada a Lugo Méndez. Apenas le "concedieron" unas horas para preparar
sus alegatos.
Lugo fue un pésimo presidente, todos queríamos que se vaya. Pero lo que correspondía era que se fuera al terminar su periodo presidencial. El fue electo por voluntad
popular, expresada en las urnas. La institucionalidad de República era y es más importante que Lugo: se fue, seguimos igual o peor. No había ni hay beneficio para el Paraguay, en apartar ahora a su legítimo representante en el poder ejecutivo.
Yo no voté por Lugo, pero me manifiesto a favor de la institucionalidad de la república. Él fue electo presidente para el periodo 2008-2013 y un parlamento de dudosa legitimidad, pues fue "electo" través de las listas sábanas, no tenía ni tiene autoridad moral para juzgar a nadie, y menos, por mal desempeño de funciones. Ojalá que estos acontecimientos no perjudiquen en demasía nuestra débil economía y política exterior.
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